Cacheo policial contra la voluntad del afectado

El cacheo, acompañado de la identificación, constituye por lo general la primera y más frecuente medida de intervención policial que indudablemente implica una medida coactiva que afecta, de alguna forma, tanto a la libertad ( art. 17 CE ), como a la libre circulación ( art. 19 CE ), en tanto que, como la identificación misma, comportan inevitablemente, la inmovilización durante el tiempo imprescindible para su práctica, y  además, puede afectar a la intimidad personal ( art. 18 CE ), en la medida que sea practicado con exceso en cuanto a la justificación de su necesidad, al lugar en que se efectué o el trato vejatorio y abusivo dispensado en él por lo agentes actuantes, o incluso en la integridad corporal ( art. 15 CE ), en función de la violencia o vis coactiva aplicado en su práctica

Su cobertura legal se encuentra, actualmente, en la LOFCS y en el artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, donde se indica que podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios racionales para suponer que
puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las le
yes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes:

a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique esta diligencia.

b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo
normalmente cubiertas por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la adoptó.

Estos registros corporales externos han de r
espetar los principios de de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualq

uier otra condición o circunstancia personal o social,  así como el de injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada, que será informada de modo inmediato y comprensible de las razones de su realización.

La jurisprudencia afirma que queda preservado
el derecho a la intimidad personal, si se cumplen tres condiciones:

1.- Que el cacheo se realice por persona del
mismo sexo. Así en STS. 29.9.97 se afirma que “la práctica del cacheo de la inculpada por una agente femenina, limitándose a palpar sobre su ropa el cuerpo, aún contorneando la zona pectoral, no puede calificarse como una intromisión en
el ámbito protegido por el derecho a la integridad corporal proclamado en el art. 15 de la C.E . concurriendo en las condiciones concretas de su práctica la adecuación cualitativa y cuantitativa para la obtención del fin perseguido, que le hace respetuosa con el principio de prohibición del exceso, existiendo, asimismo, una correlació
n en términos de proporcionalidad entre su finalidad y el sacrificio del derecho”.

2.- Que se haga, según su intensidad y alcance, en sitio reservado.

3.- Que se eviten situaciones o posturas deg
radantes o humillantes ( STS. 31.3.2000 ).

En cuanto al derecho a la integridad física no está afectado por el cacheo. La mínima intervención corporal que el cacheo supone excluye toda idea de riesgo para la integridad física del interesado.

Para el cacheo no se exige asistencia de letrado ni información de derechos y del hecho imputado ( STS núm. 432/2001, de 16 de marzo ). Precisamente, por su naturaleza y finalidad, se trata de una diligencia que normalmente se practicará con carácter previo a la imputación inicial.

La LOPSC indica que los registros corpora
les externos, pueden llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Esta situación puede concluir en la imputación de un delito de resistencia a la autoridad.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, tal y como se manifiesta en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de julio de 2013 (de gran interés por todas las referencias que hace a los requisitos legales de los cacheos)
, no cabe responsabilidad penal si la negativa a someterse a un cacheo está motivada por el desconocimiento de las circunstancias que llevan a los agentes a formular tal petición y la sospecha de que era arbitraria. En el caso concreto que examina la Sentencia la Audiencia concluye que los policías no le expusieron al afectado las sospechas que les habían llevado a localizarle y formular semejante requerimiento de registro corporal externo. En dicho caso, además, siendo contradictorias las versiones del acusado y de algunos testigos sobre la agresividad de aquél y sobre el hecho de que insultara o amenazara a los agentes, se procede a la absolución del acusado.

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