Partido de fútbol- Deficiencias en las medidas de control de acceso

synthetic-grass-1436614_960_720

Fuente de la Sentencia:  www.iusport.com

La web de Iusport publica la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 10 de noviembre de 2016, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un club de fútbol contra la resolución que le imponía una sanción de 60.001 euros de multa por la comisión de una infracción muy grave tipificada en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Los hechos que llevaron a dicha sanción fueron los siguientes: se celebró un partido de fútbol entre dos equipos de fútbol, levantándose por el Coordinador de Seguridad un acta en el que se recogían deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores.

En concreto, en el expediente constan “Deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores, ya que como refleja el Coordinador de Seguridad en el Acta del Partido se produce una masificación de espectadores en el graderío Sur del estadio, lugar de ubicación del grupo radical y/o violento «». En dicho graderío, estarían aproximadamente unos 800 espectadores, cuando dicho sector cuenta con 450 asientos habilitados. Se significa que el 18 de mayo del año en curso (…) se produjo en esa zona de la grada una avalancha con la consiguiente rotura de la valla protectora y la caída de un gran número de aficionados con el resultado de unos 85 heridos. Igualmente, en fecha 11/02/2007, se produjeron unos hechos similares (…) y desde entonces, el Coordinador de Seguridad ha venido solicitando al Club, como así queda reflejado en las Actas de Reunión Previa, en su punto nueve, que se tomen las medidas correctoras necesarias para eliminar la masificación de espectadores que en determinados partidos se concentran en el graderío afectado”.

Tales hechos se consideran por la Administración en el tipo previsto en el artículo 21.1.b) de la Ley 19/2007 “el incumplimiento de las medidas de seguridad aplicables de conformidad con esta Ley y las disposiciones que la desarrollan y que supongan un grave peligro para los asistentes a los recintos deportivos”, lo que la Resolución impugnada conecta, según se ha expuesto, con los artículos 3.2.a) y b), 5.1 y 27.2.a), de la citada Ley.

El artículo 3 se ubica en el Capítulo I, “Responsabilidades y obligaciones de personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos”, del Título I, “Obligaciones y dispositivos de seguridad para la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en competiciones deportivas”, y enumera las “medidas para evitar para actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes en el ámbito de aplicación de la presente ley”, previendo medidas de carácter general (apartado 1) y particular (apartado 2), disponiendo en cuanto a estas últimas que “corresponde, en particular, a las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos: a) Adoptar las medidas de seguridad establecidas en esta 5 Ley y en sus disposiciones de desarrollo. b) Velar por el respeto de las obligaciones de los espectadores de acceso y permanencia en el recinto, mediante los oportunos instrumentos de control […]”.

El artículo 5, ubicado en el mismo Capítulo I del Título I de la Ley, se ocupa de la “Responsabilidad de las personas organizadoras de pruebas o espectáculos deportivos”, atribuyendo a las personas físicas o jurídicas que organicen cualquier prueba, competición o espectáculo deportivos a los que se refiere el artículo 1 de esta Ley […]” la responsabilidad por “los daños y desórdenes que pudieran producirse por su falta de diligencia o prevención o cuando no hubieran adoptado las medidas de prevención establecidas en la presente Ley […]” (apartado 1).

Finalmente, el artículo 27, recogido en el Capítulo III, “Responsabilidad y sus criterios modificativos”, del Título II “Régimen sancionador contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte”, enuncia los “criterios modificativos de la responsabilidad”, entre los que, con respecto a la “determinación de la concreta sanción aplicable en relación con las infracciones relativas a obligaciones de seguridad de las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos”, figura el consistente en “a) La existencia de intencionalidad o reiteración” (apartado 2).

Hay que precisar que, frente a lo que considera la demandante, los hechos no se refieren a un exceso de aforo propiamente dicho, pues no entraron más espectadores de los permitidos al estadio ni a las distintas zonas del mismo, sino a la acumulación de espectadores en un determinado lugar del estadio, sin que hubiera los mecanismos oportunos para evitar tal acumulación y, por consiguiente, ese desplazamiento interno por la zona, constando a este respecto, que no se puede siquiera “diferenciar el acceso a la Grada Sur de forma independiente según los datos de acceso disponibles por torniquete”, según se indica en el oficio de la Liga Nacional de Fútbol Profesional recabado como prueba de la actora.

La Audiencia explica que se está ante una infracción de las denominadas de peligro concreto, es decir, que no requiere que se produzca un daño, cualquiera que sea la índole del mismo, bastando con la probabilidad de que tal daño tenga lugar. La resolución sancionadora reconoce implícitamente que no se ocasionó una lesión efectiva al aludir como criterio para determinar la sanción a “la existencia de intencionalidad o reiteración” [artículo 27.2.a)] y no a “la naturaleza de los perjuicios causados” (artículo 27.2.b)].

El peligro debe tener un grado importante de intensidad, ya que ha de ser “grave”, lo que supone que ha de ser alta la probabilidad de que los espectadores puedan sufrir el daño. En todo caso, la apreciación de que existe “un grave riesgo para los asistentes” ha de realizarse atendiendo a las circunstancias concurrentes, que, en el caso, se plasman en la ubicación en un espacio del estadio de casi el doble de las personas que, regularmente, le podían ocupar (800 frente a 450).

Por todo ello se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el club de fútbol y se le impone la sanción de 60.001 euros de multa por la comisión de una infracción muy grave tipificada en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por ser dicha Resolución, en los extremos examinados, conforme a Derecho.

 

Los comentarios están cerrados.

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

Subir ↑