El artículo 25.2.o añadido por el apartado 2 de la disposición final 1 del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género indica que – entre otras- el Municipio ejercerá en todo caso como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas: “Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género” y fue considerada como una de las medidas más urgentes de llevar a cabo, ya que la local es la administración más cercana a la ciudadanía y, por lo tanto, a las víctimas. La urgencia estuvo justificada para evitar que las posibles actuaciones previstas por las entidades locales no pudieran ser desarrolladas por la falta de adaptación de las disposiciones que entonces estaban vigentes, algo que redundaría en un enorme perjuicio para las personas perjudicadas.
La violencia sexual es una manifestación más de la desigualdad entre los hombres y las mujeres y son las administraciones locales las que deben impulsar políticas de igualdad ya que las decisiones deben ser tomadas por las instituciones públicas más cercanas a la ciudadanía.
Por lo tanto, todos los Ayuntamientos, con independencia de colores, deben actuar y trabajar para la sensibilización, prevención y atención a víctimas de la violencia de género así como de la violencia sexual, y también deben hacerlo para evitar cualquier otra forma de manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres.
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 – ratificado por España y que entró en vigor el 1 de agosto de 2014- en su artículo 5.2, exige a las partes del convenio que tomen las medidas legislativas u otras necesarias, conforme a su derecho interno, para velar por que existan mecanismos adecuados para poner en práctica una cooperación eficaz entre todas las agencias estatales pertinentes, incluidas las autoridades judiciales, los fiscales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades locales y regionales, así como las organizaciones no gubernamentales y las demás organizaciones o entidades pertinentes para la protección y el apoyo a las víctimas y testigos de todas las formas de violencia incluidas en su ámbito de aplicación. Cita por lo tanto, expresamente a la administración local como parte necesaria para la lucha contra la violencia de género.
Para fijar las medidas concretas que se pueden adoptar en el ámbito municipal, recordamos a modo de resumen, la declaración institucional de la FEMP que convocaba a los Gobiernos locales a:
- Incluir la violencia de género en la agenda política como un problema prioritario
- Reforzar los esfuerzos para la implementación de políticas integrales contra la violencia de género, diseñadas desde la defensa de los derechos de las mujeres y dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un paso adelante para la transformación social necesaria para superar esta lacra social.
- Desarrollar campañas preventivas, y con especial incidencia las dirigidas a la población infantil y adolescente, en colaboración con las comunidades y agentes educativos.
- Promover acuerdos, desde todos los grupos políticos, con el fin de que existan medidas de prevención y de protección eficaz, así como las medidas que sean necesarias para luchar con todos los medios contra la violencia de género.
Diferentes administraciones locales han trabajado a fondo el problema de una manera admirable. Algunas han compartido en sus webs y redes sociales numerosos documentos e iniciativas que hay aplaudir, compartir y difundir. Utilizaré este post para enlazar algunas de esas páginas, empezando por los municipios cuyas iniciativas he podido conocer personalmente (y en algunas de ellas he tenido la suerte de poder colaborar) o que me han sido explicadas por sus impulsores:
- A Coruña
- Santa Cruz de Tenerife
- Pamplona (San Fermines)
- Santa Coloma de Gramenet
Planificación de la seguridad en entornos de ocio 